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La Ley de la segunda oportunidad

Cáceres, 20 de febrero de 2016

Se va a cumplir un año de la publicación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero de 2015, por el que se establecía un mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y una serie de medidas de carácter social. Así, se introducía una importante batería de reformas legislativas para la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, reformándose la Ley 1/2013, de 14 de mayo, entre otras. 

Esta reforma se dirige a aquellas personas que no pueden pagar su hipoteca y el banco no acepta reestructurar el préstamo, aquellos con varios préstamos personales que han visto reducido su sueldo, o se encuentran en situación de desempleo, y no pueden hacer frente al pago de las cuotas, deudores con procedimientos judiciales de ejecución iniciados, avalistas, etc.

Coincidiendo con el 750 aniversario de la Partidas de Alfonso X “El Sabio”, fuente e inspiración de nuestro actual ordenamiento jurídico, como explica el legislador en la exposición de motivos de la citada ley, indicando que la legislación no puede ser fuente de la improvisación, sino el resultado de muchos años, e incluso siglos, de reflexión sobre la materia; se creó esta reforma para garantizar una subsistencia digna del consumidor, del ciudadano medio, sin que suponga un obstáculo al crecimiento económico, pretendiendo unir intereses y derechos de bancos y prestatarios. 

Así nace esta regulación, que permite, o pretende permitir, que la persona que lo haya perdido todo por haber liquidado su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberada de la mayor parte de sus deudas, estableciendo igualmente criterios que impidan la insolvencia estratégica o las daciones en pago selectivas, intentando conciliar referidas medidas sociales sin que produzca un encarecimiento del crédito y la consecuente disminución del mismo, en connivencia con los principios económicos de nuestro sistema económico, que garanticen un crecimiento sostenible.

Los principales contenidos de la reforma son los siguientes:

  1. Flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos

       -         Ampliación del ámbito de aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a las personas naturales no empresarios profesionales, añadiendo la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes.

         -           Se introduce en el procedimiento concursal la posibilidad de exoneración de deudas de la persona natural no empresaria, siempre que se haya actuado de buena fe y que se liquide su patrimonio o se termine el concurso por insuficiencia de bienes.

      2. Introducción de mejoras en el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual.

Se añaden nuevos sujetos que pueden verse incluidos en este tipo de reestructuración, ampliándose el límite anual de la renta de las familias beneficiarias, incluyendo un nuevo grupo de personas vulnerables, los mayores de 60 años, así como declarando la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el umbral de exclusión.

      3. Se amplía hasta 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables 

Por lo tanto, es muy importante tomar en consideración las nuevas regulaciones en la materia y asesorarse convenientemente con abogados y mediadores especializados que puedan ayudar a conseguir buscar el equilibrio entre el deudor y el banco y que, en definitiva, el consumidor pueda hacer frente a sus deudas sin renunciar a un nivel justo de calidad de vida y aquellos deudores que se vean abocados a liquidar su patrimonio por el cierre de pequeños negocios puedan empezar de cero.  

Etiquetas: Abogado, deudas, hipotecas, leydesegundaoportunidad